Trump redibuja las reglas: remesas, poder y negociación

El nuevo plan fiscal impulsado por Donald Trump propone aplicar un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes desde Estados Unidos. Aunque aún falta la aprobación del Senado, su sola discusión ya encendió alertas en México y decenas de países más. No es para menos: estamos ante una medida que no solo afecta a los flujos económicos, sino que toca directamente la dignidad del trabajo migrante.

Desde su regreso al escenario político, Trump ha retomado una agenda económica basada en principios de proteccionismo, presión fiscal y negociación bilateral asimétrica. Ya durante su primer mandato impuso aranceles, abandonó compromisos multilaterales y utilizó las políticas migratorias como herramientas de control económico. El nuevo impuesto a las remesas responde a esa misma lógica: usar medidas fiscales para redibujar la relación de poder con países dependientes de los flujos económicos que generan sus propios migrantes.

En 2024, México recibió 64,745 millones de dólares en remesas. Esta cifra no solo marcó un récord histórico: superó los ingresos del país por turismo (32,956 MDD), petróleo (27,228 MDD) e incluso a la inversión extranjera directa. Para millones de familias mexicanas, las remesas no son ahorro ni lujo: son comida, medicinas y escuela. Aplicar un impuesto sobre ellas equivale a retener parte del ingreso más sacrificado, más constante y más solidario que tiene este país.

El efecto sería significativo. De aprobarse en el Senado, el gobierno estadounidense recaudaría anualmente más de 2,266 millones de dólares solo por las remesas enviadas a México. Una cifra equivalente a más de tres veces el presupuesto del DIF nacional, o casi el total asignado al programa Sembrando Vida en 2024.

Pero el impacto no sería exclusivo de México. Países como India (129,1 MMDD en remesas desde EE. UU.), China (48,0 MMDD), Filipinas (40,2, MMDD), Pakistán (33,2, MMDD), Guatemala (21,6 MMDD), Nigeria (19,8 MMDD), Honduras (9,4 MMDD) y El Salvador (8,3 MMDD) y también verían afectadas sus economías familiares. En algunas naciones centroamericanas, las remesas equivalen a entre 20 y 28% del PIB. Gravar estos flujos implica, en la práctica, desestabilizar los ingresos más sensibles de las poblaciones más vulnerables.

Lo que ocurra en los próximos días será determinante. Si el Senado de Estados Unidos aprueba el impuesto a las remesas, no solo legalizará una medida regresiva para millones de familias migrantes, sino que confirmará que la política fiscal de Trump tiene un propósito geopolítico: reforzar el poder de negociación de EE. UU. aun a costa de sus socios más cercanos.